Por Redacción
Ciudad De México, 15 de marzo de 2026.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial sancionador contra un ciudadano no identificado y un medio de comunicación digital por presuntas conductas de violencia política contra las mujeres, específicamente dirigidas a la diputada local Tania Larios. La Comisión Permanente de Quejas del organismo electoral aprobó la medida el 14 de marzo, aunque no especificó el contenido de las expresiones denunciadas ni los canales donde se difundieron.
El caso tomó relevancia pública cuando Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, se lanzó contra el youtuber Manuel Pedrero, a quien identificó como el presunto agresor. Moreno calificó a Pedrero como “cínico que se presenta como periodista mientras actúa como golpeador digital al servicio del régimen”, en referencia al gobierno de Morena.
Las fuentes consultadas muestran contradicciones en la identificación de los involucrados. Mientras la resolución oficial del IECM se refiere genéricamente a “un ciudadano y un medio de comunicación digital”, la intervención de Moreno apunta específicamente a Pedrero como responsable de la presunta violencia de género ejercida contra la diputada Larios.
El IECM, mediante su Comisión Permanente de Quejas, actuó en el marco de la legislación que previene y sanciona la violencia política por razones de género. Sin embargo, el organismo no ha proporcionado detalles sobre el tipo de expresiones utilizadas, el programa de noticias o la red social donde se transmitieron los contenidos denunciados.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial de Manuel Pedrero sobre las acusaciones, ni se ha manifestado la postura del partido Morena respecto a las declaraciones de Alejandro Moreno. Tampoco se ha especificado si el medio digital mencionado en la resolución está vinculado directamente con Pedrero.
Este caso se enmarca en el creciente escrutinio sobre la violencia política de género en México, donde instituciones electorales han ampliado su capacidad sancionadora para proteger a mujeres en cargos públicos. El conflicto también refleja las tensiones políticas entre el PRI y Morena, que frecuentemente se libran a través de figuras mediáticas y redes sociales.
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