Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, que plantea recortes presupuestales, reducción de regidurías municipales y ajustes al mecanismo de revocación de mandato, luego del rechazo de la oposición a la reforma constitucional original. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, establece un tope del 0.7% del gasto estatal para congresos locales y limita entre 7 y 15 el número de regidores por municipio según su población.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la propuesta incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de reducir costos del sistema electoral y eliminar privilegios en el servicio público. Se estima que las medidas generarían un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos que se destinarían directamente a estados y municipios.
Entre los puntos centrales destaca la prohibición de que ningún funcionario público, incluidos consejeros y magistrados electorales, perciba un salario superior al de la Presidencia de la República, además de eliminar bonos, seguros médicos y prestaciones adicionales. El Plan B también modifica el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.
La iniciativa surge tras el rechazo en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional más amplia propuesta por Sheinbaum, que buscaba reducir legisladores plurinominales y financiamiento a partidos. El nuevo paquete se centra en medidas que no requieren reforma constitucional o aspectos con posible mayor consenso, enmarcadas en la política de austeridad republicana de la Cuarta Transformación.
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, ya manifestó su postura crítica ante la propuesta, aunque no especificó los motivos. La iniciativa será turnada a comisiones del Senado para su análisis y discusión, donde se espera el posicionamiento oficial de los demás partidos políticos.
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