Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Un conflicto por la responsabilidad en el colapso de un edificio que dejó tres muertos estalló entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini. La tragedia ocurrió el pasado 9 de marzo en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, durante trabajos de demolición que fueron autorizados pese a que previamente se habían detectado graves riesgos. La alcaldesa aseguró que la supervisión correspondía al gobierno capitalino, mientras que el funcionario estatal sostuvo que la vigilancia primaria era obligación de la alcaldía.
Rojo de la Vega señaló que la demolición debía ser supervisada por el gobierno de la Ciudad de México mediante un Acuerdo de Facilidades, el cual, según su versión, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La autorización se otorgó apenas tres días después de que la misma alcaldía, el 17 de octubre, negara el permiso inicial debido a la detección de diez riesgos graves en la estructura.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini, en conferencia de prensa, rebatió la postura de la alcaldesa. El funcionario capitalino afirmó que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”. Esta declaración abrió una disputa pública sobre en qué instancia recayó la falla que desembocó en el fatal derrumbe.
El contexto de la autorización es clave. La alcaldesa Rojo de la Vega calificó la decisión de permitir la demolición, tomada tras la negativa inicial por riesgos, como un acto deliberado. “No fue un error. Fue una decisión”, afirmó, insinuando que hubo negligencia por parte de las autoridades superiores que avalaron el procedimiento. Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a la empresa dueña del edificio ni a las víctimas mortales.
La investigación sobre las causas precisas del colapso y la determinación de responsabilidades legales sigue en curso. El caso ha puesto en evidencia las posibles grietas en los protocolos de coordinación y supervisión entre el gobierno central de la CDMX y las alcaldías en obras de alto riesgo, especialmente cuando intervienen acuerdos especiales de facilitación.
Este incidente ocurre en un marco de creciente escrutinio público sobre la seguridad en las construcciones y demoliciones dentro de la capital, una ciudad con un vasto parque inmobiliario envejecido. La falta de información sobre el estado actual de la indagatoria oficial y los detalles específicos de los riesgos detectados mantiene en vilo a la opinión pública, que espera respuestas claras y, sobre todo, que se eviten tragedias similares.
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