Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el recurso de queja 39/2026 para revisar un caso de presunto huachicol fiscal que involucra al empresario Édgar Marín Meza Moreno, dueño de la empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables, acusado del contrabando de 21.5 millones de litros de diésel. La determinación fue aprobada por unanimidad del Pleno, a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, con el objetivo de definir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está facultado para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando o si esa atribución corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El origen de esta revisión jurídica radica en la anulación del proceso penal contra el empresario por parte de un tribunal federal con sede en Veracruz. Dicho colegiado concluyó que no se cumplió un requisito legal indispensable de procedibilidad antes de iniciar la acción penal, derivado de una falta de coordinación entre instituciones. Específicamente, la Fiscalía General de la República (FGR) no otorgó intervención previa a la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, autoridad competente para representar a la Secretaría de Hacienda como víctima en casos de contrabando tras la entrada en vigor de su reglamento interior.
Además de la omisión en la intervención de la autoridad aduanera, el tribunal federal señaló que el juez de control no citó correctamente a dicha representación en la audiencia inicial. Al faltar la querella válida de la autoridad competente, el órgano judicial determinó que el proceso no podía avanzar legalmente, por lo que revocó la vinculación a proceso del empresario. Esta decisión motivó la impugnación por parte del SAT, la cual ahora será resuelta en última instancia por la SCJN.
La controversia central que abordará el máximo tribunal es la legitimación de las autoridades fiscales tras los cambios legales que transfirieron funciones en materia aduanera. Mientras que el SAT ha sostenido que sus administradores centrales están legitimados para emprender acciones legales y presentar declaratorias de perjuicio, la entrada en vigor del Reglamento Interior de la ANAM el 1 de enero de 2022 establece que esta nueva agencia es la que debe conocer y representar los intereses de la Federación en estos delitos. La FGR judicializó la carpeta de investigación en julio de 2024, momento en el cual ya operaba el nuevo marco normativo de la ANAM.
El caso de Édgar Marín Meza Moreno es considerado el de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país. La investigación de la FGR lo señala por presuntamente introducir al país combustible sin cumplir con las formalidades fiscales, generando un perjuicio millonario al erario. La resolución de la SCJN sentará un precedente crucial para futuras investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos, aclarando qué institución tiene la facultad exclusiva para actuar como parte ofendida en estos procesos penales.
Con la atracción de este expediente, la Corte buscará resolver la incertidumbre jurídica que ha surgido por la transición de competencias entre el SAT y la ANAM, asegurando que las acciones penales por contrabando cuenten con la representación legal adecuada desde su inicio. El fallo definitivo determinará la validez de los procesos iniciados bajo esta controversia de atribuciones y podría influir en la estrategia del gobierno federal para el combate al robo de combustible y la evasión fiscal.
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