Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador avanzó hacia la implementación de prisión perpetua para menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, como parte de una propuesta legislativa que extiende las disposiciones de la reciente reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo. La medida, impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele, busca modificar el marco legal actual donde la condena máxima para menores era de 60 años.
La iniciativa fue presentada este jueves 19 de marzo y cuenta con el respaldo de altos funcionarios de seguridad y defensa, incluyendo al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y al ministro de Defensa, Francis Merino, quienes han realizado declaraciones públicas para promover la endurecimiento de las penas. La propuesta llega días después de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma que permite la cárcel de por vida para homicidas, violadores y terroristas adultos, eliminando una prohibición que existía previamente en la Constitución salvadoreña.
El objetivo de la nueva norma es someter a los menores que cometen delitos graves al mismo régimen de sanción que los adultos, rompiendo con la distinción penal que limitaba su tiempo de reclusión. Aunque la investigación no especifica la edad mínima o el límite exacto que definirá a un “menor” bajo esta propuesta, ni detalla el número específico de casos que motivaron la acción, el gobierno ha dejado claro que busca cerrar cualquier vacío legal que permita penas reducidas para autores de crímenes violentos.
La reforma constitucional del 17 de marzo marcó un precedente histórico en el país centroamericano al establecer que la pena perpetua ya no está prohibida, allanando el camino para que ahora se incluya a la población menor de edad en este esquema. La norma que regula específicamente a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días para entrar en vigor.
Con esta acción, el Ejecutivo busca consolidar su política de mano dura contra la criminalidad, extendiendo las consecuencias legales más severas a todos los rangos de edad involucrados en delitos de sangre y contra la integridad sexual. La espera ahora recae en la Asamblea Legislativa, que tendrá la responsabilidad de validar la extensión de la cadena perpetua al código penal juvenil.
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