Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la función jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital del país, donde también participaron legisladores y representantes de la sociedad civil.
En paralelo a este esfuerzo institucional, la senadora Malú Micher hizo un llamado desde el Senado de la República para lograr la armonización legislativa en materia de género en todos los estados de la federación, buscando uniformar las leyes locales con los estándares nacionales. Estas acciones oficiales ocurren en un contexto donde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, reporta la existencia de más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, lo que representa uno de los repositorios de información más extensos de América Latina.
Sin embargo, la agenda de derechos humanos enfrenta demandas críticas desde organizaciones de la sociedad civil. Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento conjunto exigiendo que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no permanezcan como declaraciones sin efecto práctico. Estas agrupaciones reclaman la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que garantice la aplicación real de las garantías indígenas.
La contradicción entre el discurso institucional de avance en justicia y la práctica judicial quedó evidenciada con el caso de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien ha sido señalada por otorgar amparos a un empresario, Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de cometer fraudes. Este episodio ha generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia, contrastando con los anuncios de mejora en el sistema realizados por la SCJN y el Poder Legislativo.
Entre los involucrados en las discusiones y eventos de estos días también figuran José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, quienes han estado presentes en los debates sobre la situación legal y social. A pesar de los convenios firmados y las cifras de transparencia reportadas, persiste la falta de especificación sobre los mecanismos concretos para lograr la igualdad sustantiva en la labor de los tribunales, así como plazos definidos para la armonización legislativa en las entidades federativas.
El panorama actual muestra una tensión entre los esfuerzos formales del Estado para combatir la discriminación y las exigencias sociales que demandan resultados tangibles, especialmente para grupos históricamente marginados. La efectividad de los nuevos acuerdos entre la Corte y el Conapred dependerá de su capacidad para traducir los principios de no discriminación en resoluciones judiciales que modifiquen la realidad de los ciudadanos, más allá de la acumulación de datos abiertos o la firma de protocolos.
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