Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Los gobernadores de Puebla y Sonora presentaron resultados de políticas estatales en sectores estratégicos durante la última semana. Alejandro Armenta Mier supervisó la puesta en operación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Oxtotipan, mientras que Alfonso Durazo Montaño destacó los indicadores de pobreza laboral en su estado.
La planta de tratamiento en Puebla contó con una inversión de 69.45 millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento correspondió al Gobierno del Estado. La obra tiene una capacidad de tratamiento de 60 litros por segundo y beneficiará a más de 32 mil habitantes de Tepeaca y localidades como San José Carpinteros.
Rebeca Bañuelos, directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), explicó que la tecnología de la planta garantiza el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, optimizando recursos y reduciendo costos de mantenimiento. La infraestructura incorpora tecnología de biorreactores de última generación que permitirá reducir hasta en un 70 por ciento el consumo de energía.
Esta obra forma parte de un modelo de gestión hídrica sustentable diseñado para rescatar infraestructuras que permanecieron en desuso durante años, transformándolas en plantas eficientes y de bajo costo operativo. El proyecto se coordina con el gobierno federal encabeza por Claudia Sheinbaum.
En Sonora, los resultados de pobreza laboral se atribuyen al Plan Sonora de Energías Sostenibles, enfocado en industria, exportación y manufactura avanzada. Según el Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), basado en datos del Inegi, Sonora es el séptimo estado con menor persistencia de pobreza laboral en el país, con un indicador del 59.7 por ciento en el periodo 2024-2025.
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, destacó que su estado se mantiene en el bloque de desempeño favorable en pobreza laboral. Las noticias reportan acciones separadas de dos gobernadores estatales en fechas coincidentes, reflejando diferentes enfoques de política pública en sus respectivas entidades.
Los indicadores de infraestructura hídrica y desempeño económico estatal forman parte de las evaluaciones de políticas públicas que los gobiernos estatales presentan periódicamente para rendir cuentas sobre el uso de recursos y resultados obtenidos en sus administraciones.