Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- En medio de contradicciones sobre los tiempos legislativos y la resistencia del Partido del Trabajo (PT), el Senado de la República retoma el debate de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, iniciativa presidencial que modifica cuatro artículos constitucionales para instaurar la austeridad republicana y reconfigurar el sistema de justicia. Aunque el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que el dictamen circulará en las próximas horas para su discusión este martes, fuentes parlamentarias indican que el proceso enfrenta obstáculos críticos que podrían postergar su aprobación hasta después de la Semana Santa.
La discrepancia temporal surge tras una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los coordinadores de los partidos aliados. Mientras Mier Velazco aseguró vía redes sociales que los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios ya fueron resueltos, programando la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para este 24 de marzo, otros reportes señalan que la falta de acuerdos con el PT sobre la revocación de mandato obligó a posponer la dictaminación que originalmente estaba prevista para el lunes 23. Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, había advertido previamente que la jefa del Ejecutivo es consciente de que podría no contar con los votos necesarios en el Congreso para sacar adelante la iniciativa en su forma actual.
El núcleo del estancamiento radica en la oposición del PT, liderado por Alberto Anaya, quien rechaza que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice en junio de 2027, fecha que coincidiría con las elecciones legislativas. El partido aliado considera que esta simultaneidad beneficiaría electoralmente a Morena, rompiendo la alianza que permitió aprobar la primera parte de la reforma en la Cámara de Diputados, donde faltó el apoyo del PT y del Partido Verde. Las negociaciones continúan para desbloquear este punto, ya que sin su voto, la mayoría calificada requerida para las reformas constitucionales está en riesgo.
En el ámbito técnico, la propuesta busca establecer un tope presupuestal del 0.7% del presupuesto estatal para los congresos locales, así como reducir el número de regidores y síndicos en los ayuntamientos a un máximo de 15 y uno, respectivamente. Los recursos liberados por estas medidas de austeridad deberán destinarse a infraestructura pública. Sin embargo, la investigación no detalla un análisis oficial sobre el impacto financiero real de estas reducciones ni la redacción final de los artículos transitorios que generan controversia entre los legisladores.
La tensión se extiende hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), donde siete consejeros —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— han desmentido versiones que atribuyen al organismo la autoría de documentos críticos sobre el Plan B. Esta aclaración ocurre mientras la oposición representada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) mantiene su postura de solicitar el retiro de la iniciativa, argumentando que los cambios propuestos afectan la independencia de los poderes locales y la estructura democrática del país.
Óscar Cantón Zetina, por su parte, mantiene una postura optimista al afirmar que Morena cuenta con los votos necesarios en las comisiones para avanzar, aunque la realidad legislativa muestra un escenario fragmentado. La iniciativa, que ya fue rechazada en una primera versión por la falta de consensos, representa un prueba de fuego para la capacidad de negociación del bloque oficialista en un entorno donde cada voto es determinante para la aprobación de los cuatro artículos constitucionales en disputa.
Con el dictamen en espera de circular formalmente y la convocatoria a comisiones pendiente de confirmación definitiva, el Senado enfrenta una jornada decisiva que podría marcar el futuro de la reforma electoral. De no lograrse el acuerdo con el PT en las próximas horas, el debate podría extenderse indefinidamente, dejando en suspenso la entrada en vigor de las nuevas reglas electorales y de austeridad que el gobierno federal pretende implementar antes del cierre de la actual legislatura.
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