Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato de la planta fotovoltaica Next Energy. La decisión fue emitida por el juez de control Gerardo Anguiano Ceja tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior.
Como medida cautelar, la autoridad judicial fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso surge de un contrato plurianual firmado durante la gestión de Bonilla (2019-2021) con la empresa Next Energy, el cual comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años, representando una carga financiera total de 35 mil millones de pesos para el erario estatal.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusó al exmandatario de utilizar sus atribuciones constitucionales para estructurar y posibilitar dicha contratación, a pesar de tratarse de una competencia federal. Además, se señala que el proyecto, ubicado en el Valle de Mexicali, nunca se construyó, generando un daño patrimonial que incluyó una inversión inicial de mil 300 millones de pesos como garantía.
Durante la audiencia, la defensa de Bonilla Valdez presentó cinco líneas argumentativas para contrarrestar los señalamientos. Los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez cuestionaron la competencia de la autoridad, alegando que los delitos de corrupción deberían ser investigados por la fiscalía especializada en la materia. Asimismo, argumentaron que los pagos de 123 millones de pesos se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el que Bonilla ya no ejercía la gubernatura, y sostuvieron que el contrato era para la adquisición de un servicio y no para la construcción de la planta.
A pesar de los argumentos de la defensa, el juez de control determinó que existían pruebas suficientes para vincular a proceso al exsenador y dirigente estatal del Partido del Trabajo. La resolución implica que Bonilla enfrentará el proceso penal en calidad de coautor y con dolo, mientras se define su situación jurídica final y las posibles consecuencias políticas de este fallo en el contexto electoral y administrativo de Baja California.
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