Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Hugo Eric Flores, tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.
El legislador morenista Hugo Eric Flores confirmó que la sección instructora deberá emitir su dictamen antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, aunque la reunión se ha pospuesto para no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’. “Seguramente vamos a sesionar después de este descanso de Semana Santa”, declaró el presidente de la comisión respecto a los tiempos legislativos.
La acusación formal proviene de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que imputa a Moreno Cárdenas delitos relacionados con el manejo de recursos públicos durante su gestión. Este proceso jurídico se suma a un contexto de controversia administrativa derivada de auditorías anteriores; según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022 aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al año 2018.
Reportes periodísticos indican que la cifra original de irregularidades detectadas por la ASF en 2018 ascendía a 3 mil 435 millones de pesos, de los cuales más de 2 mil 700 millones fueron perdonados o solventados en años posteriores. Análisis de datos sugieren que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF resultó benévola para el priista, permitiendo el perdón de cuentas pendientes dejadas durante su sexenio como gobernador de Campeche, cargo que ocupó de septiembre de 2015 a junio de 2019.
La dualidad de procesos, uno penal por 83 millones y otro administrativo por miles de millones, marca la situación legal de Alejandro Moreno, quien además de presidir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mantiene su posición como senador. La decisión de la Comisión Instructora en las próximas semanas determinará si el legislador pierde su inmunidad para enfrentar el juicio penal solicitado por la autoridad campechana.
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