Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción. La decisión, notificada este martes 24 de marzo, ha generado críticas de grupos como Amnistía Internacional, que cuestionan el trasfondo político de la medida, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desconocer el número exacto de entidades afectadas y calificó el proceso como técnico y autónomo.
De acuerdo con las cifras manejadas en el contexto de la revocación, el SAT eliminó del padrón de donatarias autorizadas a 113 organizaciones, aunque otras fuentes mencionan un impacto de hasta 270 entidades de un registro total superior a los 10 mil permisos vigentes. Entre los beneficiarios que perdieron el aval fiscal se incluyen agrupaciones que han mantenido posturas críticas hacia las políticas del gobierno federal o que han sido objeto de controversias legales en administraciones pasadas, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, cuyo permiso fue retirado previamente bajo el argumento de recibir financiamiento del extranjero.
Ante el cuestionamiento sobre la lista específica y los motivos detallados, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tiene información sobre cuántas ni cuáles organizaciones fueron desautorizadas, enfatizando que se trata de una resolución técnica emitida por el SAT de manera independiente. La mandataria recordó que existen precedentes de cancelaciones similares y defendió la legalidad de los procedimientos, aunque la percepción pública y de diversos actores sociales apunta hacia una posible motivación política para debilitar a la sociedad civil organizada.
Amnistía Internacional México interpretó la acción del fisco como parte de una tendencia regional de restricciones a la operación de las organizaciones no gubernamentales. La entidad denunció que la revocación responde a una carga administrativa excesiva y a requisitos reiterativos que dificultan el cumplimiento normativo, más que a incumplimientos sustanciales. Esta postura contrasta con la justificación oficial del SAT, que alega que las cancelaciones obedecen a fallas técnicas y legales, incluyendo el incumplimiento de disposiciones específicas como la Ley de Ciencia.
La controversia se agrava al contrastar estos plazos y negaciones con la autorización exprés otorgada en apenas dos días a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que otros procesos de aprobación suelen tardar hasta dos años. Esta disparidad en los tiempos de respuesta ha alimentado las sospechas de selectividad en el trato otorgado por la autoridad tributaria hacia diferentes actores sociales.
La pérdida del estatus de donataria autorizada implica que estas organizaciones ya no pueden emitir recibos deducibles de impuestos para sus donantes, lo que pone en riesgo su sostenibilidad financiera y su capacidad operativa. En un escenario donde el financiamiento privado es crucial para la investigación, la incidencia política y la vigilancia ciudadana, la reducción drástica del padrón de donatarias marca un punto de tensión entre el Ejecutivo federal y el tercer sector.
Hasta el momento, no se ha hecho pública la lista completa y oficial de las 113 o más organizaciones afectadas, ni se han detallado los plazos específicos que se otorgaron a estas entidades para subsanar los supuestos incumplimientos antes de la cancelación definitiva. La falta de transparencia sobre los criterios exactos aplicados mantiene la incertidumbre en el sector, mientras se espera que la sociedad civil y los organismos internacionales continúen monitoreando las consecuencias de esta decisión fiscal en el espacio democrático del país.
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