Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso como responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La mandataria calificó el caso como un asunto de Estado que no puede cerrarse mediante un indulto, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta participación como segundo tirador en el magnicidio.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, solicitó el indulto para Aburto Martínez, quien lleva más de tres décadas en prisión. Sin embargo, existe una discrepancia entre la visión de la presidenta Sheinbaum y la del legislador: mientras la titular del Ejecutivo considera que el caso trasciende una decisión de clemencia individual, Colosio Riojas afirma que la presidenta sí tiene la facultad constitucional de otorgar el indulto, pero le falta voluntad política para hacerlo.
La investigación del asesinato de Colosio Murrieta cumple 32 años este 2026, y la FGR continúa trabajando en la teoría del segundo tirador. El expediente contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, se mantiene activo con pruebas que la fiscalía ha presentado como recientes. No obstante, la apelación de su proceso judicial lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025.
Colosio Riojas ha manifestado que la teoría del segundo tirador no es nueva y que la persona ya había sido identificada hace 30 años. Esta declaración contrasta con la presentación de la FGR de una investigación activa con elementos probatorios actuales. El senador ha cuestionado la politización del caso, aunque no existe una respuesta formal de la Fiscalía o del Poder Judicial a estas acusaciones.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Mario Aburto Martínez fue capturado en el lugar y condenado como autor material del crimen. Durante tres décadas, el caso ha generado múltiples teorías sobre la existencia de conspiradores y un segundo tirador que habría participado en los disparos.
La posición de la presidenta Sheinbaum refleja la complejidad política y jurídica que rodea este caso histórico. Al considerar el magnicidio como un asunto de Estado, la administración federal prioriza la continuidad de la investigación sobre la posibilidad de cerrar el capítulo con medidas de clemencia. Mientras tanto, la familia Colosio mantiene su exigencia de verdad y justicia completa.
El proceso judicial sigue su curso sin fecha definida para la resolución de la apelación pendiente. La FGR no ha emitido comunicados sobre los tiempos esperados para el desahogo de las pruebas presentadas contra Sánchez Ortega. La sociedad mexicana continúa atenta al desarrollo de un caso que marcó la historia política del país hace más de tres décadas.
About The Author
