Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un límite a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada en lo general y particular por el pleno legislativo, estableciendo que ningún servidor público podrá percibir una pensión superior a la mitad de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal, monto que se aproxima a los 70,000 pesos mensuales.
El proceso de votación presentó discrepancias en los reportes finales sobre las cifras exactas. Mientras que fuentes como el Semanario ZETA indican una aprobación por unanimidad con 458 votos a favor en lo general, otra fuente reporta que en la votación detallada hubo 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de las diferencias numéricas, todas las versiones confirman que la reforma cuenta con la mayoría calificada necesaria para avanzar a la siguiente etapa legislativa.
Durante la sesión, se registraron protestas de jubilados de empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro. Grupos de inconformes intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestar su rechazo a la medida, la cual incluye cláusulas de aplicación retroactiva para ajustar las pensiones ya otorgadas que excedan el nuevo techo establecido.
En el debate parlamentario, legisladores de la oposición y de partidos aliados expresaron reservas sobre la constitucionalidad del proyecto. La diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional y señaló que los senadores emitieron su voto con información imprecisa o falsa. Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, indicó que su bancada votaría a favor pese a la inconformidad, aunque advirtió sobre los riesgos de la retroactividad y afirmó que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminar las pensiones doradas.
El texto aprobado excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Asimismo, se preservan los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente antes de la entrada en vigor del decreto en casos específicos, como el de los ministros en retiro.
Con esta aprobación en la Cámara baja, el documento será remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su análisis y votación. Se requiere el aval de al menos 17 congresos locales para que la reforma sea declarada válida y pueda ser enviada a la presidenta para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación, completando así el proceso de modificación constitucional.