Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque descartó la medida estrella de la iniciativa original: el adelanto de la revocación de mandato al año 2027. La votación, realizada con la presencia de 128 senadores, arrojó un resultado de 87 sufragios a favor y 41 en contra, consolidando una alianza entre las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sectores que rompieron la disciplina de la oposición tradicional.
La aprobación en lo general valida el núcleo duro de la propuesta gubernamental orientado a la austeridad republicana en materia electoral. Entre los puntos que avanzan en el proceso legislativo se encuentran el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del gasto estatal correspondiente, así como la eliminación de seguros médicos privados, pensiones particulares y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. Asimismo, se confirmó un recorte progresivo del 15% al presupuesto operativo del propio Senado.
Pese a la mayoría oficialista, la reforma sufrió un revés significativo en su componente político más sensible. La posibilidad de someter a la presidenta Sheinbaum a una consulta de revocación de mandato en 2027 fue rechazada, principalmente debido a la negativa del Partido del Trabajo (PT), aliado estratégico en la coalición gobernante. Esta divergencia marcó el límite de la negociación interna, impidiendo que el Ejecutivo federal logre su objetivo de acortar los periodos constitucionales mediante este instrumento jurídico.
La sesión estuvo marcada por posturas encontradas respecto a la naturaleza y efectos financieros de la reforma. Mientras el bloque oficialista defendió la iniciativa como un mecanismo necesario para eliminar privilegios y fortalecer la democracia mediante el ahorro de recursos públicos, voces disidentes advirtieron sobre posibles retrocesos institucionales. Existen discrepancias técnicas sobre el impacto real en las finanzas públicas; análisis preliminares sugieren que la supresión de bonos por trabajo extra durante años electorales podría paradójicamente incrementar el gasto si se requieren nuevos mecanismos para garantizar los derechos laborales del personal electoral.
En el desarrollo de la discusión participaron figuras clave de la vida política nacional, incluyendo declaraciones y presentaciones de Alberto Anaya, líder del PT; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI; Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, así como el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier. Las intervenciones reflejaron la tensión entre la búsqueda de eficiencia administrativa y la preservación de las condiciones de competencia política, un debate que continuará en la discusión particular de los artículos antes de su eventual turno a las cámaras locales para su validación definitiva.
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