Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y sanciones de entre 40 y 70 años de prisión para este delito. La propuesta tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del crimen en todas las fiscalías del país, eliminando las discrepancias locales en el tratamiento de estos casos.
Entre los puntos centrales de la reforma se encuentra la obligación para el Ministerio Público de investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, cambiando el enfoque reactivo actual por uno preventivo y exhaustivo desde los primeros momentos de la atención. Asimismo, la iniciativa contempla incluir sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, buscando castigar las agresiones graves incluso si no culminan en la pérdida de la vida.
En el marco de esta propuesta, se plantea la creación de un registro nacional de orfandad destinado a dar seguimiento y protección a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Esta medida busca garantizar los derechos de los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres, integrando una perspectiva de reparación del daño más allá del aspecto penal.
La estrategia cuenta con la participación de diversas autoridades, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a Ernestina Godoy, fiscal general de la República. También forma parte del equipo Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, quien trabajará en los aspectos relacionados con la prevención y la atención a víctimas.
Con esta acción, el gobierno federal busca cerrar las brechas legislativas que han permitido la impunidad en distintos estados de la república. La homogeneización de las penas y los protocolos de investigación pretende asegurar que, sin importar la entidad federativa donde ocurran los hechos, las mujeres cuenten con la misma protección legal y los agresores enfrenten consecuencias severas y estandarizadas en todo el territorio nacional.
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