Estado De México, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 33 toneladas 594 kilos 200 gramos 600 miligramos de sustancias y precursores químicos, así como 88 mil 470 litros 830 mililitros de líquidos, en instalaciones ubicadas en el Estado de México. El operativo, realizado el 23 de marzo de 2026, contó con la participación de elementos del Ministerio Público de la Federación, la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal.
Durante la diligencia, los peritos en química forense de la AIC verificaron las características de los materiales antes de su destrucción definitiva. Entre los residuos eliminados se encontraban acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno y ácido clorhídrico, además de 212 pastillas de fentanilo y 15 kilos 991 gramos 500 miligramos de esta misma sustancia en polvo. También fueron destruidos 49 objetos vinculados al delito, entre los que se incluían tanques de gas, ollas y una centrifugadora.
Para garantizar la transparencia del proceso, el acto estuvo bajo la vigilancia del Órgano Interno de Control de la propia FGR. Las autoridades no emitieron declaraciones públicas sobre los detalles específicos de la operación, limitándose a confirmar las cifras exactas de lo decomisado y eliminado mediante los canales oficiales de comunicación institucional.
De forma simultánea a estas acciones, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Octava Zona Naval, reportó el aseguramiento de 314 litros de tolueno en el Recinto Fiscal y Terminal de Transbordadores de Topolobampo, en el estado de Sinaloa. El hallazgo se produjo el miércoles 25 de marzo de 2026 al revisar un tractocamión de paquetería, donde la sustancia fue identificada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Estas operaciones forman parte de las estrategias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir la producción de estupefacientes. Si bien el resumen inicial del cluster mencionaba una cifra de 120 toneladas, los datos duros confirmados por la FGR establecen el monto real destruido en poco más de 33 toneladas, diferenciando claramente los volúmenes manejados por cada institución en sus respectivas jurisdicciones.
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