Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein determinó no desestimar el proceso judicial en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la segunda audiencia celebrada este jueves en un tribunal de Nueva York. El magistrado de 92 años aseveró que descartar el caso “sería tomar una medida demasiado seria”, dando continuidad a las acusaciones por narcotráfico y corrupción presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La defensa del matrimonio venezolano había solicitado en febrero la eliminación de los cargos, argumentando dificultades financieras para costear su representación legal. Sus abogados explicaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negó la licencia necesaria para utilizar fondos del Gobierno de Venezuela con el fin de pagar sus honorarios. Además, el equipo legal mencionó que Cilia Flores presenta problemas de salud y se encuentra pendiente de los resultados de un ecocardiograma.
Por su parte, la fiscalía mantuvo su postura a través del adjunto Kyle Wirshba, quien sostuvo que el gobierno estadounidense debe tener la facultad de utilizar sanciones para influir en la política exterior y la seguridad nacional. Durante la audiencia, el representante ministerial acusó a los imputados de haber saqueado la riqueza de Venezuela. Ambos están señalados por liderar una conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense y por asociarse con grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes en una audiencia previa realizada el pasado 5 de enero. Desde entonces, permanecen detenidos sin derecho a fianza mientras el proceso avanza hacia la fase de juicio. Aunque el juez Hellerstein verbalizó su decisión en la sala, se indicó que aún debe confirmar su determinación de manera oficial por escrito.
Este rechazo judicial marca un hito en el proceso que busca responsabilizar penalmente a la expareja presidencial venezolana en suelo estadounidense. La negativa a desestimar el caso obliga a las partes a prepararse para las siguientes etapas del litigio, donde se discutirán los detalles concretos de las acusaciones de corrupción y narcotráfico que pesan sobre los detenidos.