Buenos Aires, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de Argentina declaró oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, una resolución que implica su incorporación inmediata al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión fue anunciada este 26 de marzo de 2026 desde Buenos Aires por la Oficina del Presidente de la República, Javier Milei, marcando un endurecimiento en la postura del país sudamericano frente al crimen organizado trasnacional.
De acuerdo con los comunicados oficiales emitidos por el Gobierno Nacional, la determinación se sustentó en la acreditación de actividades ilícitas de carácter transnacional realizadas por la agrupación criminal. Aunque las autoridades no detallaron públicamente la evidencia operativa específica ni confirmaron la presencia física de células del cártel dentro del territorio argentino, la resolución habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra la organización y sus vinculados.
La medida fue el resultado de una coordinación interinstitucional que involucró a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Al quedar inscrito en el RePET, dependiente del Ministerio de Justicia, el CJNG queda sujeto a los mecanismos de congelamiento de activos y prohibición de operaciones financieras que la legislación argentina aplica a entidades consideradas amenazas a la seguridad nacional.
En el contexto de esta declaratoria, la investigación refiere la situación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de la organización, cuya detención y muerte fueron reportadas previamente el 22 de febrero de 2026. La acción de Argentina se suma a los esfuerzos internacionales para combatir a un grupo que, según datos manejados en el expediente, cuenta con presencia en al menos 40 países.
Con esta resolución, Argentina se suma a la lista de naciones que han tomado medidas legales extremas contra el CJNG, utilizando figuras jurídicas antiterroristas para limitar la capacidad de movimiento financiero del grupo. Las autoridades argentinas mantuvieron la reserva sobre si existen vínculos específicos con otras organizaciones terroristas ya catalogadas, centrándose la resolución exclusivamente en las actividades atribuidas directamente al cártel de origen mexicano.