Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, una iniciativa que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, pero que excluyó la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum para adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La decisión legislativa centra los cambios en medidas de austeridad y ahorros presupuestales para congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, así como en la regulación de remuneraciones de funcionarios electorales.
La exclusión de la modificación al artículo 35, que permitiría realizar la revocación de mandato en año electoral, marca el fin de uno de los objetivos centrales de la agenda política del ejecutivo federal para este periodo. Aunque la iniciativa original buscaba transformar el marco legal de las elecciones, el dictamen aprobado se circunscribe a la contención del gasto público y la eliminación de privilegios en estructuras gubernamentales locales y federales.
En el debate previo a la aprobación, se discutieron aspectos financieros relacionados con la operación del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con datos presentados, el organismo electoral pagó 2,419 millones de pesos en concepto de ‘bono electoral’ durante los tres últimos procesos comiciales. Las cifras desglosadas indican que en 2022 se erogaron 449.2 millones, en 2024 fueron 964.9 millones y en 2025 ascendieron a 1,005 millones. El INE argumentó que la eliminación de este bono podría resultar más costosa para las arcas públicas debido al incremento en el pago de horas extras.
Tras la votación, los actores políticos emitieron posturas divergentes sobre el resultado. Morena, a través de sus redes sociales, calificó el aval senatorial como un triunfo del pueblo de México, asegurando que la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, destacando el papel de la oposición en esta batalla legislativa.
El Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición oficialista, replicó mensajes de apoyo a la presidenta tras la votación, mientras que el PRI también celebró la modificación al dictamen. Consejeros del INE, entre ellos Martín Faz y Carla Humphrey, figuran como involucrados en el proceso de análisis de la reforma, aunque no se detallaron declaraciones específicas sobre el contenido final del dictamen en las fuentes consultadas.
Con esta aprobación en la Cámara alta, la reforma electoral avanza ahora hacia su discusión y posible ratificación en la Cámara de Diputados. El escenario político queda marcado por la consolidación de medidas de austeridad administrativa, mientras queda descartada, al menos para esta etapa legislativa, la posibilidad de modificar los tiempos de la democracia directa contemplada inicialmente por el gobierno federal.
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