Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para discutir dos proyectos de sentencia de alto perfil: uno que validaría las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de contenidos en internet y otro que podría representar un revés para el empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ambos asuntos están listados para discusión el próximo 9 de abril de 2026.
En el caso del IMPI, el ministro Arístides Guerrero García presentará un proyecto que busca confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, la cual negó un amparo a la empresa Total Play. La controversia deriva de un amparo en revisión originado cuando varias empresas denunciaron en julio de 2024 la difusión ilegal de películas en sitios de internet. Tras admitir el trámite en agosto y decretar medidas provisionales en septiembre, el IMPI ordenó en octubre a proveedores como Total Play bloquear dichos sitios.
Total Play promovió un amparo en noviembre de 2024 argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones, viola la libertad de expresión y el acceso a la información, y constituye una medida desproporcionada. Sin embargo, el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, citando las jurisprudencias 25/2007 y 26/2007 donde la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”. El caso llegó a la SCJN tras la incompetencia declarada por un tribunal colegiado.
De aprobarse el proyecto del ministro Guerrero García, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la norma impugnada, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes.
Por otra parte, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó el 25 de marzo de 2026 una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo. La petición fue dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y entregada por representantes como Daniel García Rodríguez, Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta.
Daniel García Rodríguez, quien estuvo sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”. Este asunto sigue pendiente de discusión en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional para las regiones Ciudad de México uno y dos. La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, señaló que “la disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. Esta nueva unidad tendrá competencia en la capital, así como en Querétaro y Tlaxcala, sumándose a las visitadurías ya inauguradas en las regiones Pacífico y Oaxaca.
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