Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al negar que la crisis de personas desaparecidas en México constituya un crimen de lesa humanidad y criticar la ‘orientación’ del documento hacia la crítica al Estado mexicano.
En declaraciones realizadas el 7 de abril de 2026, Sheinbaum sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad, definido por Naciones Unidas como ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, no se adapta a la situación actual del país. La mandataria insistió en que su Gobierno está realizando esfuerzos para erradicar el delito y encontrar a las más de 130,000 personas desaparecidas registradas en cifras oficiales.
La presidenta distinguió entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado, ocurridas durante la llamada ‘guerra sucia’, y las perpetradas actualmente por grupos del crimen organizado. ‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada’, afirmó Sheinbaum.
Sheinbaum cuestionó que el comité no reconozca el trabajo institucional y acusó al informe de estar ‘orientado’ a llevar una postura crítica a la Asamblea General de la ONU sin tomar en cuenta las observaciones presentadas por el Ejecutivo mexicano. ‘No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito’, declaró.
Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, defendió el proceso de análisis realizado, el cual examinó la evolución de la situación a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. Albán precisó que el comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son ‘indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’.
El informe del CED, presentado el pasado 2 de abril a la Asamblea General de la ONU, sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante dicho organismo a través del secretario general António Guterres. Ante esto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) había calificado previamente el documento de ‘tendencioso’ y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General. Sheinbaum lamentó que el informe no esté reconociendo el esfuerzo que está haciendo su Gobierno y señaló que la falta de diferenciación entre desapariciones estatales y del crimen organizado constituye una de las principales debilidades del documento.
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