Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El funcionario quedó sujeto a proceso debido a la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos y que, a pesar de no haber realizado ningún trámite, recibió un pago millonario autorizado por Sotelo.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para el exfuncionario: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. Con esta decisión, Sotelo se suma al exalcalde Óscar Leggs Castro y al extesorero Martín Talamantes, quienes fueron los primeros dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Los Cabos vinculados a proceso por el mismo delito. La Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Leggs por haber celebrado un contrato para conseguir un crédito de 300 millones de pesos, del cual se autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa financiera sin que la gestión se llevara a cabo.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y calificó la información de errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista” y señaló que emprenderá una demanda civil. “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”, expresó. Por su parte, Carlos Jiménez respondió a la amenaza de demanda asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso, indicando que la amenaza es un intento de silenciarlo por evidenciar su “sucia realidad”.
Respecto al caso del exfutbolista Omar Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, su defensa solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, petición que fue negada. Bravo seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco y podría permanecer en prisión hasta por dos años mientras se resuelve su situación. Un juez dictó vinculación a proceso contra él el pasado 4 de octubre de 2025.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos por los cuales se imputó a Bravo es cuando la menor tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “Eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, detalló el defensor. En caso de determinar su culpabilidad, Omar Bravo podría alcanzar hasta 20 años de prisión, mientras que la defensa de la víctima solicitaría una pena de entre 5 a 10 años.
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