Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que consultará con la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República (FGR) si es factible establecer la retroactividad en el delito de feminicidio. “Vamos a verlo con la Consejería Jurídica y la Fiscal General”, declaró la mandataria, quien destacó que su objetivo es terminar con la impunidad en este delito.
Sheinbaum señaló que en el Congreso se discutirá la Ley General de Atención a Feminicidios, cuya meta es la cero impunidad. Al respecto, mencionó: “Lo que queremos que ocurra en el país es que, un juez que libere por feminicidio o por otras razones, por colusión, por corrupción, sea destituido”.
La presidenta agregó que la atención a la impunidad ha sido clave para reducir los índices delictivos. “Entonces, no se hubiera bajado el número de feminicidios si no se hubiera atendido la impunidad. No quiere decir que todos los casos son atendidos y que tenemos que seguir trabajando”, afirmó. Asimismo, precisó que “lamentablemente, en nuestro país, la responsabilidad del feminicidio, de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente en el 90% de los casos viene de personas cercanas a la mujer, la pareja, la expareja”.
Por otra parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó un pacto contra la extorsión y envió un paquete de reformas al Congreso capitalino para desarticular e inhibir este delito. Brugada reconoció que existe un subregistro del delito y convocó a la ciudadanía: “Esta ciudad no puede detenerse ante la extorsión. Convoco a toda las ciudadanas y ciudadanos, a que de manera organizada, a través de este instrumento (pacto) para acabar con el silencio”.
La estrategia presentada por la jefa de Gobierno incluye modificar el Código Penal local para sancionar la cohesión e instaurar un programa de testigos protegidos para las denuncias. “Estaremos a la altura de la participación de la gente y no vamos a dejar ni solas ni solos a los ciudadanos que denuncien (…) Tienen la protección del Estado, la protección del Gobierno, la protección de las instancias que tiene la ciudad para enfrentarlo”, aseguró Brugada, quien añadió: “Convoco a todas y todos los capitalinos que levantemos la voz contra la extorsión y aquí estaremos para protegerlos”.
Brugada presumió que, desde noviembre de 2024, su administración impulsó reformas para tipificar la extorsión como delito grave. Como resultado de las acciones, se han detenido a 335 personas, lo que representa un incremento del 45 por ciento respecto a años recientes.
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que entre enero de 2025 y marzo de 2026 detuvieron a 335 personas, de las cuales 310 fueron por extorsión y 25 por tentativa. El funcionario indicó que estas detenciones representan un incremento del 30 por ciento respecto al año previo.
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