Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y consideró que ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, continuará con su defensa de la autonomía del Poder Judicial.
En un comunicado, la Jufed aseveró que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y advirtió que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. La organización señaló que el Juicio de Amparo es “el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal” y enfatizó que debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, sino dejar a la sociedad en un estado de indefensión.
“Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro y que no formamos parte de la simulación de una elección, no respondemos a intereses facciosos”, declaró la Jufed, agregando que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes. La asociación exigió que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial y se cuente con perfiles experimentados “sin contaminación partidista”, advirtiendo que cualquier modificación que no integre estas consideraciones será “solamente retórica”.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integrarían con personas con experiencia, específicamente con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, Sánchez Cordero propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, sugiriendo que sus presidentes sean votados por sus pares cada dos años y no mediante reelección correspondiente.
Sánchez Cordero también consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y propuso modificar los artículos 95 y 97 para que, para ser ministro de la Corte, se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Manifestó que los juzgadores deberían poder declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria.
En el contexto de la aplicación de la reforma judicial aprobada en 2024 y declarada vigente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda. Previo a esto, en los últimos dos sexenios, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos con los cuales grupos trataron de frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, incluyendo casos relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Respecto al proceso electoral de juzgadores previsto para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para el voto en prisiones; sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó la consejera, quien espera que haya una reforma que permita cambiar la fecha del proceso para mejorar la campaña informativa.
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