Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber realizado “delitos graves”, entre los que se incluyen abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
Entre los afectados figura Andrea Marroquín, de 44 años, hija de un conocido capo de la droga colombiano asesinado en 1998 o 1999. Según el DOJ, Marroquín obtuvo la residencia permanente ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense y consiguió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras esconder sus delitos. La justicia estadounidense ha presentado cuatro demandas contra ella para revocar su estatus.
La investigación detalla que entre 2003 y 2011, la colombiana participó supuestamente en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero. Se alega que utilizó fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, que ascendían a decenas de millones de dólares, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. Además, se señala que su tío, con quien mantenía una estrecha relación, fue condenado previamente por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
Además de Marroquín, el gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica. Estas acciones forman parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró: “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”.
Mullin añadió que el objetivo es evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”. En caso de que prosperen estos procedimientos legales, las 17 personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
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