Ciudad De México, 10 de junio de 2026.- Más de cien organizaciones de México y Estados Unidos exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum atender las crisis de derechos humanos y ambientales, criticando que el país está asumiendo los costos económicos, sociales y ambientales del Mundial de Fútbol 2026, mientras la FIFA y actores privados concentran la mayor parte de los beneficios.
Las organizaciones señalaron que “la FIFA proyecta ingresos de 8,911 millones de dólares en 2026. No pagará un peso de impuestos en México”, debido a las exenciones otorgadas para la realización del evento. Frente a esto, el Gobierno federal ha destinado más de 4,500 millones de pesos al Mundial, creado fideicomisos mixtos con poca información sobre beneficiarios y recursos, y anunciado inversiones de hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad, además del despliegue de 100 mil elementos de seguridad.
En materia social, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) y la Red Nacional por la Vivienda alertaron sobre procesos de turistificación, aumento de rentas y presión inmobiliaria en las ciudades sede, impulsados por plataformas como Airbnb, lo que podría dificultar el acceso a la vivienda. Por su parte, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) indicó que las mujeres enfrentarán una parte importante de los costos laborales por su alta participación en sectores como hotelería y comercio informal, sumado a una “sobrecarga de trabajo de cuidados que permanece invisible en cualquier cálculo de derrama económica”. La misma organización advirtió sobre riesgos de violencia contra las mujeres y la ausencia de protocolos públicos suficientes.
Las denuncias también abarcan el contexto de crisis climática y derechos humanos. La organización Conexiones Climáticas subrayó que el torneo se desarrolla con temperaturas récord y fenómenos extremos, mientras activistas de Greenpeace México desplegaron una manta de 21 metros desde la Estela de Luz. Las organizaciones afirmaron que persiste un modelo que favorece proyectos extractivos, citando que “actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas”.
El documento menciona que comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan discriminación y desplazamiento forzado, citando el caso de más de 2 mil personas desplazadas en Chilapa, Guerrero, durante mayo pasado. Asimismo, se reportó que más de 190 mil personas mexicanas fueron deportadas desde Estados Unidos entre 2025 y marzo de 2026, junto con miles de otras nacionalidades enviadas a México, por lo que pidieron garantizar condiciones dignas para los retornados.
Finalmente, las organizaciones afirmaron que la próxima renegociación del T-MEC debe incorporar la protección de derechos humanos, laborales y ambientales. En un llamado directo a la mandataria, las agrupaciones expresaron: “Esto también importa y desde las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos”.
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