Ciudad de Mexico, 17 de junio de 2026.- El sistema de justicia en México dispone de protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales destinados a garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad participen plenamente en los procesos judiciales. Así lo señaló Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), cuya presidencia ocupa el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al abordar las causas de la disparidad social, el juzgador fue enfático: “La desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales”. Explicó que “ningún sector es vulnerable per se”, aclarando que dicha condición “se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos”. Por tanto, la vulnerabilidad no es una categoría fija, sino que depende del contexto en el que se desenvuelven las personas.
Para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, la justicia penal utiliza la “interseccionalidad”, un método que evalúa cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona. Entre los grupos identificados como potencialmente vulnerables se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y víctimas de delitos.
Barragán Rodríguez destacó que se ha abandonado el antiguo “estado de interdicción” para adoptar un enfoque social, implementando figuras como facilitadores e intérpretes que expanden la capacidad de decisión de las personas. Subrayó que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Mexicana, los juzgadores están estrictamente obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, indicó que si a lo largo de un proceso se detecta que no se respetó el contexto cultural o lingüístico de un imputado o víctima, el procedimiento debe reponerse para garantizar una defensa justa. Asimismo, mencionó la existencia de canales de orientación como la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual cuenta con áreas especializadas para canalizar, brindar orientación y apoyar frente a cualquier práctica de discriminación o escenario de desigualdad.
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