Ciudad De México, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta de la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas ya está lista y que a partir de este momento inicia una consulta nacional con los pueblos originarios para enriquecer el documento. El objetivo es presentar la iniciativa mejorada al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.
“Vamos a dar inicio a esta consulta. Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al congreso y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los pueblos, sea entregada a la Cámara de Diputados para que ahí pues inicia el proceso de aprobación”, declaró la mandataria.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, detalló que la consulta permitirá recibir opiniones sobre la propuesta de iniciativa. En este proceso participarán 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
La consulta estará encabezada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia. Además, participarán 21 dependencias gubernamentales, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fungirá como observadora.
El proceso constará de cinco etapas, contemplando la realización de 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo particulares. Las propuestas y recomendaciones resultantes se incorporarán al proyecto legislativo a más tardar el 11 de octubre, para su presentación formal ante el Poder Legislativo un día después.
Adelfo Regino Montes, titular del INPI, explicó que esta Ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. El ordenamiento establece los principios para que estos grupos se constituyan y ejerzan su personalidad jurídica de manera colectiva.
Asimismo, la Ley define el régimen constitucional de autonomía indígena para que sea eficaz en los niveles comunitario, municipal y regional. El texto también garantiza los derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana mediante acciones afirmativas y reparatorias.
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