Por Redacción
Ciudad de Mexico, 04 de agosto de 2026.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, respondió desde la mañanera de este 4 de agosto a las críticas vertidas por los periodistas Adela Micha, Manuel López San Martín y Luis Cárdenas en torno al derecho de las audiencias. Alcalde aseguró que se trata de “una narrativa muy alejada de la realidad” y enfatizó que el Estado no busca censurar ni “callar voces”.
Durante su intervención, la funcionaria federal señaló que el Estado en ningún momento busca censurar o sancionar los contenidos de los medios. “Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, que el Estado sea quien determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso”, afirmó Alcalde.
La consejera jurídica reiteró que son los propios medios de comunicación quienes tienen la obligación de emitir códigos de ética donde establecerán cómo van a garantizar que la información sea verificada y no noticias falsas. Asimismo, puntualizó que los lineamientos indican que corresponde al mismo medio verificar la veracidad de la información que comparten.
Previamente, el periodista Manuel López San Martín había asegurado que “el estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no”. Tras la respuesta de Alcalde, López San Martín reiteró su crítica y señaló que “el gobierno busca censurar…no les gusta que se les investigue, se les cuestione y se les exhiba”.
Por su parte, el periodista Luis Cárdenas manifestó: “si digo algo y no gusta el fraseo, el gobierno te va a censurar”, afirmación que fue rechazada por la consejera jurídica de la Presidencia de México. En cuanto a Adela Micha, esta calificó como “ridícula” la regulación por el derecho de las audiencias.
Micha cuestionó la viabilidad práctica de la norma: “¿Te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de info? Así de ridícula es la nueva regulación”. Frente a estos señalamientos, Luisa Alcalde resaltó que inició una campaña pretendiendo establecer la falsa narrativa de que los lineamientos buscaban censurar o que el Estado determinara como última palabra qué es verdad para limitar opiniones.
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