Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos en abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó la obtención de 16 órdenes de aprehensión en total contra los exservidores públicos. Los delitos imputados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, cargos que contemplan prisión preventiva de oficio. Las autoridades judiciales determinaron que existen datos de prueba suficientes para vincular a los implicados con los sucesos que dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas durante el operativo policial.
De acuerdo con la investigación, los hechos que originaron la causa penal se registraron el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en la localidad indígena purépecha. El operativo derivó en enfrentamientos entre agentes y pobladores, resultando además en 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y siete policías heridos, según los datos duros verificados en el expediente.
Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó la entidad entre 2015 y 2021, ya se encuentra prófugo de la justicia desde 2023 debido a otra orden de aprehensión federal relacionada con un presunto desfalco millonario por la construcción de estaciones de policía a sobreprecio. En ese caso anterior, se le acusa de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Con estas nuevas resoluciones judiciales, la fiscalía estatal busca dar cumplimiento a los mandatos de captura pendientes y esclarecer la cadena de mando que permitió el uso excesivo de la fuerza hace nueve años. La dependencia refrendó su compromiso institucional de combatir la impunidad y atender las demandas de las víctimas, mientras continúa con las actuaciones correspondientes para la localización de los 16 solicitados.
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