Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y reparación integral a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Durante el acto, los colectivos acusaron que las víctimas aún no reciben justicia efectiva y que los responsables de alto nivel gozan de procesos penales que les favorecen.
En un conversatorio llevado a cabo en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) detallaron el estatus de los procesos judiciales. A la fecha, únicamente cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que siete siguen su proceso en libertad. Entre los señalados figura Francisco Garduño, ex titular del INM, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público.
Lorena Cano, del Imumi, expuso que existe un incumplimiento en la reparación del daño, ya que no todos los afectados han recibido compensación económica. Específicamente, 15 mujeres sobrevivientes no han sido reconocidas legalmente como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas, lo que les impide acceder a una reparación integral. Las organizaciones enfatizaron que el Estado se niega a otorgar dicho estatus a este grupo de supervivientes.
Las agrupaciones involucradas, que incluyen al Servicio Jesuita a Refugiados, la Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez y Hope Border Institute, denunciaron que se trata de una justicia desigual donde funcionarios de alto rango son condecorados con otros cargos públicos a pesar de las acusaciones en su contra. El evento conmemorativo en Ciudad Juárez incluyó también un viacrucis en el puente internacional para honrar a los fallecidos.
El balance presentado por las organizaciones civiles confirma que el total de víctimas asciende a 82 personas, conformado por los 40 fallecidos y los 27 sobrevivientes (27 hombres y 15 mujeres). Los colectivos mantienen que el caso está abierto y continúan exigiendo sentencias firmes contra los funcionarios del INM, el personal de seguridad privada y otras personas involucradas en la tragedia.
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