Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este 27 de marzo de 2026 el fallecimiento de un ciudadano mexicano mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California. Con este nuevo caso, ascienden a 14 las muertes de connacionales registradas en instalaciones de dicha agencia federal estadounidense desde el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump.
Según el comunicado oficial, el deceso se registró durante la noche del 25 de marzo de 2026. La víctima fue trasladada a un hospital en Victorville, California, donde murió, aunque las autoridades migratorias no precisaron las circunstancias del traslado ni esclarecieron la causa del fallecimiento. La identidad del ciudadano no fue revelada por la SRE. El Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato el protocolo consular para contactar a los familiares.
En medio de este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las medidas de endurecimiento migratorio impulsadas por Washington, incluyendo la ampliación del muro fronterizo mediante el programa One Big Beautiful Bill. Durante su conferencia matutina del 25 de marzo, la mandataria señaló que la migración obedece a causas estructurales y afirmó que existen mecanismos más efectivos que la contención física: “Es una decisión de Estados Unidos. Nosotros creemos que hay otros mecanismos para disminuir la migración y esos son la cooperación para el desarrollo”, declaró Sheinbaum Pardo, quien añadió que “la gente migra por necesidad y la mejor forma de apoyar para que no haya migración es el desarrollo y el bienestar de las personas”.
La situación en los centros de detención ha generado alertas judiciales y legales. Una jueza federal, Sheri Polster Chappell, ordenó recientemente al ICE permitir el acceso de abogados a los migrantes detenidos en el centro conocido como ‘Alligator Alcatraz’ en Florida, tras demandas de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) que denuncian violaciones al debido proceso. Paralelamente, Neiyerver Adrián León Rengel, un ciudadano venezolano de 28 años, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por 1.3 millones de dólares, alegando que fue deportado ilegalmente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras ser identificado erróneamente como miembro de una pandilla.
Las cifras sobre la población migrante reflejan la magnitud del fenómeno. Datos de la SRE indican que más de 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos viven actualmente en Estados Unidos, enfrentando barreras lingüísticas y de defensa legal. Además, el Economic Policy Institute reportó que nuevas reglas de la administración Trump sumarán al menos 150 mil trabajadores agrícolas extranjeros con visas H-2A, pero redujeron sus salarios entre un 26 y un 32 por ciento. Daniel Costa, director de investigación del instituto, explicó que estos cambios en la metodología del Departamento de Trabajo implican que los jornaleros extranjeros han perdido entre tres y siete dólares por hora, lo que podría generar una caída colectiva de ingresos de hasta cinco mil 400 millones de dólares anuales para los trabajadores del campo en ese país.