Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática tras confirmarse la muerte de 14 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías para exhibir la crisis de derechos humanos en estos centros, luego de registrarse el último fallecimiento de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre lo que considera condiciones violatorias de derechos humanos, incluyendo aislamiento punitivo, atención médica limitada y deficiencias en servicios básicos.
La mandataria confirmó que será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, declaró Sheinbaum. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos exigiendo una investigación exhaustiva.
En el centro de Adelanto, gestionado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente y declarado muerto posteriormente en un hospital. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó la situación como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior, destacando que existe un nulo flujo de información y que el 50% de los detenidos son connacionales con más de 10 años residiendo en Estados Unidos.
La ofensiva diplomática incluye reuniones con familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en Los Ángeles, así como contacto con autoridades clave como el fiscal de California, Rob Bonta, y el gobernador Gavin Newsom. Este martes, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson. “Hoy el subsecretario para América del Norte abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson”, precisó la presidenta.
Mientras tanto, en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, tras concluir que las condiciones limitan el derecho a la defensa. Corene Kendrick, de la Unión Americana de Libertades Civiles, afirmó: “El acceso a asesoría legal es un derecho constitucional —no un privilegio— para todas las personas en este país”. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha rechazado las acusaciones sobre las condiciones en los centros, afirmando que los estándares son adecuados.
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