Washington D.C., 02 de abril de 2026.- Un año después de que Donald Trump anunciara el 2 de abril de 2025 aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% para países con los que Estados Unidos tuviera mayor déficit comercial, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos.
El presidente Trump justificó el giro comercial afirmando: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. En ese momento, Brian Pannebecke, un trabajador jubilado del sector de la automoción, apoyó las políticas desde la rosaleda de la Casa Blanca, declarando: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente” y agregando que “le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.
Sin embargo, los datos indican que Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, pero no ha logrado reducir el déficit comercial. Los aranceles no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera. Además, la economía estadounidense registra un crecimiento más débil, con 2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024.
Mientras Estados Unidos compra menos productos a China, Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados. Por otro lado, la UE ha firmado el acuerdo comercial con parte de América Latina, el Mercosur, que llevaba décadas atascado.
En paralelo, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses.
Según el reporte de la USTR: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.
Estas tensiones ocurren en un contexto donde, tras la apertura del sector energético a la inversión privada en 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la política dio un giro de 180 grados en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, volviendo a centrarse en las actividades estatales. Los cambios en la normativa mexicana imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años, medidas que no se aplican a Pemex.
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