Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- El proceso de subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) se encuentra paralizado debido al bloqueo de acreedores con garantías prendarias, mientras que nuevas sentencias judiciales laborales incrementan la deuda total de la empresa, que supera los 45 mil millones de pesos. Según información judicial, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles otorgó un plazo hasta el 27 de marzo para establecer nuevas bases de subasta, después de que acreedores como Cargill y Banco Afirme, que en conjunto representan casi la mitad de la deuda, impidieran el avance del proceso.
La situación financiera de la siderúrgica se complica aún más con la llegada de sentencias firmes de tribunales laborales federales, que condenan a AHMSA y a MINOSA al pago de prestaciones laborales a ex trabajadores. Estos fallos, identificados en los expedientes 77/2023 y 19/2022, se integran a la masa concursal para su pago, siguiendo el orden de prelación establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.
De acuerdo con los datos del concurso mercantil, la deuda total reconocida asciende a más de 45,000 millones de pesos. Entre los principales acreedores se encuentran la empresa Cargill, con un crédito de 12,385 millones de pesos, y Banco Afirme, con 8,309 millones de pesos. Juntos, estos dos acreedores concentran aproximadamente el 46% del total de la deuda de la compañía.
El síndico concursal, Víctor Manuel Aguilera Gómez, es quien administra el proceso y enfrenta el desafío de desbloquear la subasta para generar recursos que permitan cubrir, al menos parcialmente, las obligaciones de la empresa. La paralización beneficia a los acreedores con garantías prendarias, quienes tienen prioridad en el pago sobre ciertos activos específicos de la empresa.
El contexto de la crisis de AHMSA se remonta a varios años de problemas financieros y operativos, agravados por la caída en la producción de acero y una compleja reestructura de deuda. El proceso concursal busca ordenar el pago a más de mil acreedores, entre los que ahora también figuran ex empleados con derechos laborales reconocidos por la vía judicial.
El plazo del 27 de marzo se presenta como una nueva oportunidad para reactivar la subasta y avanzar en la liquidación ordenada de los bienes. Sin embargo, la oposición de los grandes acreedores prendarios y el constante incremento de la deuda por conceptos laborales ponen en duda la capacidad de generar fondos suficientes para satisfacer a todos los acreedores en los plazos previstos por la ley.
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