marzo 25, 2026
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Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda que modifica el concepto constitucional de vivienda digna por el de vivienda adecuada y otorga nuevas facultades a los institutos de vivienda para intervenir directamente en la producción habitacional. La votación en lo general contó con 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular se registraron 354 votos a favor, 95 en contra y cero abstenciones.

La legislación autoriza ahora al Infonavit y al Fovissste para adquirir, rehabilitar y construir viviendas directamente, así como para urbanizar terrenos con el fin de enajenar o arrendar dichos inmuebles. Este cambio transforma el modelo de operación de los organismos, pasando de ser facilitadores de crédito a actuar como intermediarios en la cadena de producción de vivienda.

Durante el debate, la diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, promovió la iniciativa como parte de la estrategia del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Por su parte, la diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó cuestionamientos en relación con el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar los nuevos proyectos de construcción y urbanización que asumirán los institutos.

En paralelo a la aprobación legislativa, el gobierno de Sonora reportó datos sobre la aplicación del nuevo programa en la entidad. La meta inicial de construcción en el estado era de 33,800 viviendas, cifra que se ha elevado a 65,000 unidades. Actualmente, se encuentran en construcción 9,694 viviendas y hay 18,126 en etapa de planeación, según información proporcionada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La reforma busca centralizar la capacidad de respuesta del Estado ante el déficit habitacional, permitiendo una intervención más directa en la oferta de inmuebles. Los cambios estatutarios en los organismos de vivienda buscan agilizar la entrega de soluciones habitacionales, aunque persisten dudas entre los grupos de oposición respecto a la gestión de los recursos de los trabajadores.

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