Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó el pasado 25 de marzo la reforma constitucional que impone un techo a las pensiones del personal de confianza en el sector público, estableciendo que estas no podrán rebasar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La votación en el recinto legislativo registró 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, consolidando el respaldo de las fuerzas políticas representadas para modificar el artículo 127 de la Constitución.
Con esta aprobación, se cierra el ciclo legislativo de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ya había sido validada por el Senado de la República con 109 votos a favor y seis abstenciones. La medida fija el monto máximo de las jubilaciones para este segmento de funcionarios en aproximadamente 70,000 pesos mensuales, buscando eliminar lo que el oficialismo ha denominado como “pensiones doradas” que cargan excesivamente las finanzas públicas.
Pedro Haces Barba, diputado de Morena, defendió la reforma como una corrección necesaria a los privilegios heredados en la administración pública. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció el voto favorable de su bancada a pesar de expresar inconformidad y señalar críticas respecto a posibles omisiones en el texto y el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos sobre derechos adquiridos.
La controversia sobre la aplicación de la norma ha generado movilizaciones de grupos de jubilados y pensionados, quienes temen un ajuste inmediato a sus percepciones actuales. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, manifestó su rechazo durante las protestas registradas en los accesos del Palacio Legislativo y en el Congreso local de Baja California, argumentando que la modificación vulnera la seguridad social de los trabajadores que ya se encuentran en retiro.
La reforma ahora pasa a la etapa de publicación y reglamentación para definir los mecanismos de adecuación de los contratos y disposiciones laborales vigentes. Mientras el gobierno federal insiste en que la medida busca justicia social y equilibrio presupuestal, los sectores afectados mantienen la expectativa de claridad sobre la implementación final y la posible exclusión de ciertos regímenes específicos.
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