Veracruz, 24 de marzo de 2026.- Existe una discrepancia entre las cifras oficiales y los reportes de organizaciones civiles respecto al derrame de hidrocarburos que afecta la costa del estado de Veracruz, particularmente en el Corredor Arrecifal del Suroeste. Mientras la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguran tener bajo control la situación con un avance del 85% en la limpieza, Greenpeace México denuncia que el contaminante sigue activo y ha impactado 630 kilómetros de línea de costa, dejando 26 sitios sin atención gubernamental.
De acuerdo con los informes de la SEMAR, equipos navales recolectaron 30 kilogramos de material contaminante en la playa Mata de Uva y otros 300 kilogramos en la zona de El Faro, en el municipio de Alvarado. La dependencia federal indicó que, tras realizar patrullajes aéreos, no detectó manchas de hidrocarburo en la superficie marina, lo que contrasta con la denuncia de la organización ambientalista sobre la persistencia del evento.
Pemex, por su parte, reportó un progreso del 85% en las labores de limpieza, aunque las autoridades federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han descartado hasta el momento que la empresa petrolera sea el origen del derrame. Esta postura oficial difiere de las coberturas periodísticas y denuncias locales que vinculan directamente el incidente con la industria petrolera operante en la región.
La contaminación ha generado alarma en comunidades pesqueras e indígenas de municipios como Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Alvarado. Martina Beltrán, vecina de Tatahuicapan, y Esteban Hernández Hernández, representante de Arrecifes de Mecayapan, han expresado su preocupación por los daños económicos y la falta de información clara sobre el origen y el volumen total del hidrocarburo derramado, datos que hasta ahora no han sido precisados en un informe unificado.
El evento ocurre en el Corredor Arrecifal del Suroeste, un Área Natural Protegida que abarca más de 1.1 millones de hectáreas distribuidas entre Veracruz, Tabasco y Campeche. Aunque las autoridades han señalado que el derrame no afectará el periodo vacacional de Semana Santa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantienen la investigación abierta para determinar las responsabilidades.
Entre la información que aún falta por esclarecer se encuentra la identidad concreta de la empresa o embarcación responsable, la fecha exacta de inicio del vertido —con primeras detecciones reportadas entre el 2 y 4 de marzo— y los resultados de los análisis de laboratorio sobre el material recolectado. La Fiscalía General de la República (FGR) también participa en las diligencias para establecer si hubo dolo o negligencia en el incidente.
La divergencia en los reportes subraya la complejidad de la respuesta ante el desastre ambiental. Mientras el gobierno federal enfatiza los resultados de la recolección y la ausencia de manchas visibles desde el aire, los actores locales y la sociedad civil exigen una evaluación detallada del impacto en los arrecifes y una remediación completa en los 26 sitios que, según Greenpeace, permanecen sin atención oficial.
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