Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y votación del llamado ‘Plan B’ electoral, una iniciativa impulsada por el bloque oficialista que contempla la reducción del gasto en procesos electorales, límites al presupuesto de los congresos locales y cambios sustanciales a la Ley de Revocación de Mandato. Con el respaldo confirmado de 13 de los 14 senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la reforma busca crear las condiciones para que la presidenta Claudia Sheinbaum se someta a dicho mecanismo en 2027, con el objetivo estratégico de obtener una ratificación popular del 80%.
Manuel Velasco Coello, líder senatorial del PVEM, confirmó que su bancada apoyará mayoritariamente la iniciativa, consolidando la alianza con Morena para alcanzar los votos necesarios en el Senado. La propuesta incluye reducir el número de regidores en los ayuntamientos y establecer un techo de gasto del 0.7% del presupuesto estatal para los poderes legislativos locales, medidas que el gobierno federal argumenta como necesarias para la austeridad republicana.
En paralelo a la discusión del Plan B, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), un proceso que corre de forma simultánea pero que no forma parte integral de la reforma electoral en discusión. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, coordina los trabajos legislativos para asegurar la aprobación de los cambios antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
La modificación a la Ley de Revocación de Mandato es el punto central de la estrategia política del oficialismo. Los cambios permitirían realizar el proceso en 2027 o 2028 y facultarían al titular del Ejecutivo para pronunciarse durante el procedimiento, a diferencia de la normativa actual. Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, destacó que esta herramienta democrática servirá para legitimar el proyecto de transformación nacional mediante la participación ciudadana.
Mientras la federación impulsa estas reformas, los estados comienzan a alinear sus legislaciones locales. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que presentará una iniciativa para armonizar la normativa estatal con los preceptos del Plan B, especialmente en lo concerniente a la reducción de cargos de elección popular y gastos operativos. Por su parte, diputados de la oposición, como Elías Lixa del PAN, han criticado la velocidad del proceso y advierten sobre los riesgos de concentrar más poder en el ejecutivo federal.
La aprobación del Plan B marcaría un precedente en la arquitectura electoral mexicana, enfocándose en la reducción de costos operativos y la reconfiguración de los mecanismos de participación directa. El éxito legislativo de esta iniciativa dependerá de la cohesión de la coalición gobernante en las votaciones finales programadas para las próximas semanas en el Senado de la República.
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