Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un ‘parole’ o permiso especial de entrada a ese país. La mandataria señaló: “Qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”.
El DHS confirmó mediante un comunicado que “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no reciben el benefico de tal permiso”, respuesta obtenida tras una solicitud oficial de información realizada por Radio Sonora. Ante este contexto, Sheinbaum advirtió que las críticas contra su gobierno continuarán y consideró que son utilizadas por sectores de la ultraderecha de ambos países con fines electorales, tanto para la elección estadounidense de noviembre próximo como para la de México en 2027. “Nada más que en México la situación es muy distinta a la de otros países. Aquí el gobierno tiene mucha fuerza con la gente”, expresó la presidenta.
En medio de estas tensiones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró el 5 de junio de 2026 que ambas naciones han logrado avances significativos en la lucha contra el fentanilo y las organizaciones criminales. El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales desde Washington, donde Johnson asistió a un acto encabezado por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. “Nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados. Continuaremos nuestra estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de nuestras naciones, al tiempo que garantizamos que los responsables rindan cuentas”, declaró el diplomático.
Las declaraciones de Johnson ocurren en un clima de fricción diplomática derivado de que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Previamente, Sheinbaum acusó durante un acto en el Monumento a la Revolución a una oficina del Departamento de Estado de intentar intervenir en asuntos internos bajo el argumento del combate al narcotráfico. En respuesta, Johnson exhortó desde sus redes sociales a evitar que la cooperación bilateral en materia de seguridad se utilizara con fines políticos, mientras la presidenta le pidió respetar los asuntos internos de México.
Derivado de la agenda, Sheinbaum informó que un encuentro previsto con la directora antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, sería pospuesto. La crisis actual en las relaciones entre ambos países en materia de narcotráfico ha sido comparada con el periodo de 1984-1986, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, destapó protecciones gubernamentales a traficantes en Guadalajara. En aquel entonces, revelaciones periodísticas vinculaban a capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y Rafael Caro Quintero con el secuestro del agente, así como denuncias sobre la apropiación de territorio campesino para producir droga.
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