Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- A través de cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, se han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, lo que ha representado ingresos que superan los 400 millones de pesos, tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Según información del Semanario ZETA, se trata de cinco empresas que prácticamente se distribuyen los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito, las cuales buscan a usuarios con retrasos de tres meses para notificarlos y darles seguimiento al cobro del recurso hídrico de usuarios exclusivamente domésticos. Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, lo que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.
La investigación señala que los cinco despachos reciben 5 por ciento más de comisión que la misma Fisamex. Dos de estas empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. Entre los propietarios identificados se encuentra Josel Hernández Barroso, propietario de la empresa BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de José Luis Hernández Silerio.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega, pero que ha sido dirigida también por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas en el pago del recurso hídrico, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. Según datos ofrecidos por el entonces director de la CESPT en una comparecencia de diciembre de 2025, se cuenta con un total de 750 mil usuarios activos, de los cuales 664 mil son domésticos.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra la empresa Fisamex respecto a medidas de extorsión para cobrar derechos de conexión al sector industrial y comercial. La actual administración ha decidido utilizar un esquema similar, pero ampliado a toda la población, aunque con mecanismos descritos como mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana.
Guillermo Rivera, abogado que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza, aunque la investigación no detalla la totalidad de sus declaraciones.
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