Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México ejecutaron una serie de operativos de inspección que resultaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos como “anexos”, ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec y Naucalpan. La acción forma parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras detectarse graves irregularidades legales y sanitarias en estos inmuebles.
De acuerdo con los datos duros del operativo, las equipos de inspección visitaron un total de 94 centros. De estos, 29 se encontraban en Ecatepec y 24 en Naucalpan. En los 53 lugares que fueron clausurados o asegurados, se localizó a 1,599 personas. Tras las acciones de verificación, 1,518 individuos fueron reintegrados con sus familias, mientras que 80 personas requirieron ser trasladadas a centros certificados para continuar su tratamiento bajo condiciones reguladas. Asimismo, se reportó un caso de externación voluntaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los anexos intervenidos presentaban posibles vínculos con delitos graves, entre ellos la privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los internos. Las investigaciones preliminares señalan que algunos de estos establecimientos funcionaban como refugio para grupos delictivos o como puntos de venta de estupefacientes, llegando a obligar a las personas recluidas a participar en dichas actividades ilícitas.
Como resultado de las indagatorias derivadas de las inspecciones, ocho trabajadores de estos centros fueron detenidos. Las autoridades no han especificado los nombres de los implicados ni los cargos formales precisos, aunque se les vincula con la probable participación en delitos como secuestro y privación de la libertad. El operativo contó con la participación coordinada de la Mesa de Paz, la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante las visitas de verificación, las autoridades sanitarias y de protección civil documentaron condiciones de hacinamiento, insalubridad generalizada, suministro de alimentos en mal estado y la ausencia de personal capacitado para atender a los pacientes. Estas fallas estructurales y operativas motivaron la decisión de cerrar los inmuebles que no cumplieron con los requisitos mínimos para operar.
Esta intervención se enmarca en la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones impulsada por el gobierno estatal, la cual busca eliminar el funcionamiento de centros clandestinos que ponen en riesgo la integridad de los usuarios. La coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió la ejecución simultánea de las órdenes de cateo y aseguramiento en la zona norte del Valle de México.
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