Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que los manifestantes tomarían la instalación “hasta tener resultados”. Los participantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, señaló Montaño.
El proyecto, que lleva un 88% de avance, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco y está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según los manifestantes, la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original.
Montaño Valenzuela denunció graves impactos ambientales y sociales: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. Reportes indican que ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha comenzado a migrar. El proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, sitio declarado RAMSAR.
Un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas. Por su parte, el colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán. El conflicto por esta planta de amoniaco y metanol inició en 2014.
En medio del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que ha iniciado una revisión técnica y científica exhaustiva del caso.
La protesta ha trascendido fronteras; ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
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