Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2007 en el estado de Veracruz, en el caso de Ernestina Ascencio. La Secretaría de Gobernación confirmó la notificación del fallo que determina la responsabilidad internacional del país por vulneración de derechos a la vida, salud y garantías judiciales.
El caso involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército mexicano, según los antecedentes presentados ante el organismo internacional. La Corte IDH estableció que existió afectación a la integridad de los familiares de la víctima y destacó la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo inicial del caso.
La sentencia incluye medidas de reparación integral y de no repetición ordenadas al Estado mexicano, aunque los detalles específicos de dichas medidas serán dados a conocer por la Secretaría de Gobernación en los próximos días. El organismo internacional enfatizó la obligación del país de garantizar justicia y evitar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.
Ernestina Ascencio fue una mujer indígena cuya muerte en 2007 generó controversia sobre las causas reales de su deceso. Las organizaciones de derechos humanos habían solicitado desde hace años la intervención de la Corte IDH ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades mexicanas.
La Secretaría de Gobernación, como parte del gobierno federal, recibió la notificación oficial y deberá coordinar la implementación de las medidas ordenadas por la Corte. Este caso se suma a otros precedentes donde organismos internacionales han condenado al Estado mexicano por violaciones sistemáticas a derechos humanos.
El fallo representa un precedente importante para la justicia transicional en México y establece obligaciones concretas para las autoridades en materia de protección a mujeres indígenas y acceso a la justicia con perspectiva de género. Las familias afectadas podrán acceder a los mecanismos de reparación establecidos en la sentencia.
La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos esperaban esta resolución desde hace casi dos décadas. La implementación de las medidas ordenadas será monitoreada por la Corte IDH para garantizar el cumplimiento efectivo por parte del Estado mexicano en los próximos meses.
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