Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana sus facetas más críticas, con hallazgos de restos humanos reportados por familias en Jalisco y Sonora, mientras defensores de derechos humanos denunciaron allanamientos e inacción estatal. En medio de estos eventos, el Gabinete de Seguridad federal afirmó que no existen delitos en los reportes de personas no localizadas en Quintana Roo, contrastando con la percepción de impunidad que prevalece en los colectivos de búsqueda.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, encabezado por Ivonne Gutiérrez, denunció el hallazgo de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La coordinadora señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de las pruebas. Este descubrimiento se suma a la identificación de crematorios clandestinos en la misma zona, evidenciando la sofisticación de los métodos para ocultar víctimas.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la identidad completa del familiar y la confirmación oficial mediante pruebas de ADN aún se desconocen, el hallazgo refleja la persistencia de las familias ante la falta de resultados institucionales. Por otro lado, en San Luis Potosí, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal en Matehuala para ser reclutados forzadamente, fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días, gracias al despliegue de 600 agentes en la región.
La situación de los defensores se agravó con el segundo allanamiento y robo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. El organismo denunció un “riesgo inminente” y la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques. Estas agresiones se suman a la intimidación reportada contra el periodista Rolando Sánchez Quintero, subrayando el entorno hostil para quienes documentan la violencia.
En el ámbito de la justicia y reparación, el colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, representado por Cristian Castro Cigala, informó que las pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones han fracasado. El municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrar a las familias al fondo de pensiones, dejando en la incertidumbre a los familiares de los agentes desaparecidos. Mientras tanto, en Yucatán, se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025, incluyendo casos como el de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre, cuyo paradero actual sigue sin esclarecerse.
La respuesta oficial ha generado contradicciones flagrantes. El Gabinete de Seguridad declaró que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, minimizando las 20 solicitudes de Alerta Amber atendidas en el periodo. Esta postura choca con los reportes periodísticos y la realidad vivida por los colectivos, que continúan enfrentando omisiones institucionales desde la falta de resguardo en sitios de hallazgo hasta la negación de derechos laborales y humanos.
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