Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó un punto crítico este 2026, donde únicamente 1 de cada 10 casos logra una resolución efectiva, según datos presentados por la organización México Evalúa. Este colapso institucional ocurre en un contexto de violencia extrema contra las fuerzas de seguridad, con 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo del año en curso, reportó la agrupación Causa en Común.
La radiografía de la impunidad, basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, el sistema colapsa en las etapas siguientes. Solo el 6.28% de los casos logran llegar a una acción penal, lo que demuestra una desconexión severa entre la recepción de la denuncia y la capacidad del Estado para ejercer justicia.
La situación es aún más alarmante en entidades federativas específicas donde la cifra negra de delitos no denunciados es predominante. En Coahuila, el 90.7% de los delitos cometidos no fueron reportados a las autoridades, mientras que en Durango esta cifra asciende al 92.6%. Estos porcentajes reflejan una pérdida total de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar justicia y seguridad.
Paralelamente a la ineficacia judicial, la violencia se ha cobrado la vida de numerosos elementos policiales en lo que va del año. El reporte de Causa en Común destaca que el asesinato de 82 uniformados en los primeros 70 días de 2026 evidencia la vulnerabilidad de las corporaciones de seguridad y la incapacidad del actual modelo para proteger a quienes deben garantizar el orden público.
México Evalúa, al presentar su estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, subrayó que la tasa de resolución efectiva del 10.55% representa un fracaso sistémico que perpetúa el ciclo de violencia e inseguridad. La organización civil enfatiza que sin una reforma estructural que ataque los cuellos de botella en el proceso penal, las cifras continuarán estancadas en niveles de impunidad casi absoluta.
Este doble fenómeno de impunidad judicial y letalidad contra policías configura un escenario de descomposición social que desafía la gobernabilidad democrática. Las organizaciones civiles hacen un llamado urgente para que el gobierno federal y los estados prioricen no solo la estrategia de seguridad, sino la reconstrucción de la confianza ciudadana mediante resultados tangibles en la impartición de justicia.
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