Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ha contaminado varios kilómetros del litoral en la región de los Tuxtlas, afectando a comunidades indígenas de los municipios veracruzanos de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, mientras autoridades federales y la empresa Pemex realizan trabajos de limpieza sin que se haya determinado oficialmente la empresa responsable del vertido.
Las comunidades indígenas, organizadas a través del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y con asesoría del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, han denunciado que el origen del derrame no ha sido esclarecido, refiriéndose a un posible “barco fantasma” como fuente del contaminante. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado categóricamente que el derrame fue provocado por un barco, aunque también mencionó que la empresa responsable aún no ha sido determinada.
Pemex participa en las labores de limpieza del océano y las playas, según declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, quien aseguró que la empresa estatal “está haciendo todo para la limpieza”. Sin embargo, las comunidades reportan que los trabajos de limpieza son inadecuados y se realizan con falta de equipo de protección, lo que podría agravar el daño ambiental.
El gobierno había informado previamente que el vertido fue detectado hace dos semanas. Las comunidades alertan sobre daños económicos y sanitarios graves en la región, incluyendo la venta de pescado contaminado y posibles prácticas de limpieza con uso de disolventes que podrían empeorar el impacto en el ecosistema costero.
La Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente participan en las investigaciones para determinar la responsabilidad del derrame. Hasta el momento, no se han presentado resultados oficiales sobre el impacto a la salud de la población ni estudios oficiales sobre las consecuencias para el ecosistema de la región de los Tuxtlas.
La controversia entre las versiones de las autoridades federales y las comunidades locales pone en evidencia la falta de claridad sobre el origen del contaminante y la efectividad de las medidas de remediación, mientras los habitantes de la zona costera continúan expuestos a los efectos del hidrocarburo en sus medios de vida tradicionales basados en la pesca y actividades costeras.