Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar la crisis de desplazamiento forzado interno en México, fenómeno que ha afectado a más de 390,000 personas entre 2016 y 2024. Esta petición se da en un contexto de violencia criminal generalizada, disputas territoriales y casos emblemáticos de impunidad, como la reciente absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y el reconocimiento parcial del Estado por la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas.
El desplazamiento forzado, documentado principalmente en estados como Morelos y Guerrero, se ha intensificado en los últimos años. Tan solo en 2024 se registraron 28,900 personas afectadas y en 2025 la cifra ascendió a 15,795, según datos recopilados por organizaciones civiles. La violencia generada por el crimen organizado trasnacional, que abarca actividades más allá del narcotráfico y que en ocasiones involucra a entidades legales y estatales, es señalada como la principal causa de este éxodo interno.
En paralelo, la impunidad en casos de violencia contra defensores y civiles sigue siendo una constante. Esta semana se conoció que Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes, fue absuelto. La Fiscalía federal presentó pruebas consideradas insuficientes, en un proceso marcado por la muerte de dos testigos clave y contradicciones en las declaraciones de agentes ministeriales.
En otro frente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, un caso que data de años atrás y en el que se señaló la participación del Ejército. Aunque el gobierno propuso un acuerdo amistoso, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas y medidas de reparación integral específicas, las cuales aún no han sido detalladas públicamente.
La solicitud de las organizaciones a la CIDH busca que el organismo internacional ejerza presión para que el Estado mexicano genere políticas públicas efectivas de prevención, protección y atención a las víctimas del desplazamiento forzado. Además, exigen la investigación exhaustiva de los vínculos entre grupos criminales y autoridades, así como el fin de la impunidad en casos de violencia.
El contexto político y social en México muestra una compleja interacción entre la lucha contra el crimen organizado, la violación sistemática de derechos humanos y la debilidad institucional para garantizar justicia. La intervención de organismos internacionales como la CIDH se perfila como un mecanismo crucial para visibilizar estas crisis y obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y seguridad pública.
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