Guadalajara, 24 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México formalizó la destitución de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de la República de Filipinas en Guadalajara, tras ser sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El cese tuvo efecto definitivo el 2 de marzo de 2026 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo.
Camarena de Obeso había sido nombrado en el cargo el 27 de febrero de 2002 durante el gobierno de Vicente Fox y fue ratificado en 2025 bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su posición como cónsul honorario no era remunerada y su circunscripción abarcaba varios estados del noroeste y occidente de México.
La sanción estadounidense se concretó el 19 de febrero de 2026, cuando la OFAC incluyó a Camarena de Obeso en una lista que comprendió un complejo turístico, cinco personas y 17 empresas. Entre las entidades sancionadas figura Ornitorrinco Inmobiliaria, compañía de la cual el ex cónsul es socio.
La resolución de remoción fue formalizada mediante la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA NÚMERO UNO, la cual fue cancelada. La destitución representa una consecuencia directa de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que vinculó al funcionario diplomático y sus empresas con actividades del crimen organizado.
La investigación no especifica la naturaleza exacta del esquema por el cual la OFAC vinculó a Ornitorrinco Inmobiliaria y, por extensión, a Camarena de Obeso con el CJNG. Tampoco se proporcionan los nombres completos de las otras cuatro personas ni las otras 16 empresas sancionadas junto con la inmobiliaria.
No se incluye una declaración o reacción oficial de Martín Camarena de Obeso ante las acusaciones y su destitución. Asimismo, no se especifica si el Gobierno de Filipinas tuvo alguna participación o emitió algún pronunciamiento sobre la remoción de su cónsul honorario en la ciudad mexicana.
El caso pone en evidencia la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de combate al crimen organizado, así como las implicaciones diplomáticas que pueden derivar de sanciones internacionales contra funcionarios con representación consular en territorio nacional.
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