Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes a las 2:15 de la tarde al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, esquema que habría causado un daño al erario de más de 4,000 millones de pesos, según cifras oficiales que varían hasta 4,456 millones.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien cambió el criterio de su predecesor, el juez Mario Elizondo Martínez, que había negado la solicitud el 22 de junio. La magistrada giró órdenes contra 25 imputados, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, entre representantes aduanales y servidores públicos.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque algunos reportes indican que duró 40 horas. Durante la sesión, la jueza Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva a Ruffo Appel y sus coacusados. Mientras tanto, dos imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
En su resolución, la jueza afirmó que “la participación de Ernesto Ruffo Appel no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, desde donde organizó un esquema ilícito sistemático. La fiscal Ernestina Godoy declaró que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”. Por su parte, la procuradora fiscal Grisel Galeano García había informado en octubre de 2025 que el daño total por contrabando de combustible ascendía a 600,000 millones de pesos a nivel nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención, asegurando que es producto de una investigación de un año y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, señaló la mandataria. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio. Sin embargo, la familia y aliados políticos han cuestionado el proceso. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, exigiendo transparencia bajo el artículo 20 constitucional.
El Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado exigiendo legalidad y debido proceso, mientras que la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso representa una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, también está vinculada a las investigaciones.
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